Políticos y sus familias acomodadas en instituciones públicas desangran el presupuesto. Organismos de control hacen la vista gorda y el carnaval con fondos públicos parece no acabar.

Pasan los años, pero las antiquísimas prácticas del nepotismo y el tráfico de influencias siguen latentes. Con organismos de control desentendidos de la situación, políticos “colonizan” la función pública.

Mientras existe una acentuada crisis por la falta de empleo, en medio de una pandemia que golpea la economía en muchos hogares paraguayos, los políticos copan las entidades públicas con sus familiares.

En esta edición mostraremos tres ejemplos claros de políticos, que con su parentela cuestan una ponchada de plata al bolsillo ciudadano, mensualmente.

Los hermanos Javier y Justo Zacarías Irún, los hermanos Enrique y Antonio Buzarquis Cáceres, y el diputado Roberto González Segovia, son los elegidos para dar cuerpo a este artículo, donde pasaremos a exponer lo bastardeada que está la función pública.

Solo tres clanes familiares se llevan G. 594 millones al mes, y más de G. 7.000 millones por año. Estos, teniendo en cuenta salarios y remuneraciones extras de los familiares que pudimos confirmar, existiendo la posibilidad de que sean muchos más.

El diputado Roberto González Segovia, de la bancada Colorado Añetete, envuelto recientemente en una polémica por inapropiadas declaraciones en plena sesión de la Cámara Baja, tiene a dos hijos, un hermano, y hasta su yerno en las binacionales. “(…) Aborrezco a las putitas con escapulario, hubiera dicho el senador Galaverna si hoy sentara banca en la Cámara de Diputados. Sin embargo, respeto mucho más a las putitas revoleando su cartera en una esquina. Ñañe’embána, presidente, ko’ápe ko cualquierantema oñepresenta ñandéve como la Virgen María o los más honestos del Paraguay”, había manifestado el parlamentario en respuesta a su colega del Partido Liberal, Celeste Amarilla, quien lanzó duras críticas hacia la ANR.

Finalmente, el diputado tuvo que pedir disculpas luego de que las mismas coloradas manifestaran su indignación por el agravio a su colega.

González, quien además es miembro del Consejo de la Magistratura en representación de Diputados, ya había sido protagonista de otra polémica, cuando apareció con el torso desnudo durante una sesión de la Cámara Baja que se desarrollaba de manera virtual.

El diputado tiene a su hija Rocío González Benítez en Yacyretá, con un salario básico de G. 13.028.400. Su hijo Roberto González Benítez está en Cajubi, donde percibe aproximadamente G. 20 millones. Mientras que su hermano, el ex diputado Víctor González Segovia, es consejero en Itaipú Binacional, con una remuneración por encima de los G. 80 millones. Hasta el yerno del parlamentario, Sebastián Zunini Bernard está en la nómina de Yacyretá, con un salario de G. 12.600.000. El diputado González, por su parte, cobra G. 32.774.840, y otros G. 5.075.160 como miembro del Consejo de la Magistratura. Al mes, el clan González saca más de G. 166 millones en promedio.

LOS ZACARÍAS

Los hermanos Javier y Justo Zacarías Irún, de Honor Colorado, también tienen en la función pública a una gran cantidad de familiares. De vasta trayectoria política, los hermanos de Alto Paraná, y sus familiares, representan una erogación mensual del erario de casi G. 220 millones.

Margarita Zacarías de Mieres es hermana de los políticos. Es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, donde tiene un salario de más de G. 3.000.000. La sobrina de Javier Zacarías Irún, hija de Justo, Natasha Zacarías McLeod, está en Itaipú, donde percibe una remuneración de más de G. 20 millones. Su hermano, Alejandro Zacarías McLeod, es concejal municipal de Ciudad del Este, con un salario de G. 21 millones.

Carlos Hernán Mieres Zacarías, es el sobrino de Javier y Justo, y también figura en la nómina de Itaipú, con un salario de G. 15 millones.

Primos de los Zacarías Irún también están en instituciones públicas. Francisco Zacarías Cubilla, es miembro del Tribunal Electoral de Alto Paraná, con una remuneración de G. 20 millones. En la Universidad Nacional del Este percibe G. 8.000.000. Licia Aguirre, esposa de este, está en Itaipú, donde tiene una remuneración que supera los G. 40 millones. Víctor Zacarías Cubilla está en la Justicia Electoral, con un salario de G. 3.000.000.

La jueza Tania Irún, con una causa en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde es investigada por una supuesta irregular transferencia en el 2019 de 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco, también es prima de los Zacarías Irún.

El senador Javier Zacarías tiene una remuneración de G. 32 millones, al igual que su hermano, el diputado Justo Zacarías Irún.

LOS BUZARQUIS

Otros, con una larga lista de familiares en la función pública, son los hermanos Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis Cáceres.

Mantener a los hermanos, oriundos del distrito de Coronel Oviedo, y a sus familiares, cuesta mensualmente más de G. 200 millones.

Sus hermanos Víctor y Jamyl Buzarquis Cáceres están en la nómina de funcionarios de la Cámara de Diputados. El primero tiene un salario de G. 10.300.000, y está comisionado a la Gobernación de Caaguazú. A su vez, Jamyl cobra G. 6.800.000, y está comisionado a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Departamento de Caaguazú.

Fátima Buzarquis Cáceres, hermana de los políticos liberales, es funcionaria del Ministerio Público, con un salario de G. 7.000.000. Al igual que su hermano Víctor, está comisionada a la Gobernación de Caaguazú.

La madre de los Buzarquis, Olga Cáceres, es concejal municipal de Coronel Oviedo, con una remuneración de más de G. 10 millones.

La esposa del senador Enrique Salyn, Fiorella Forestieri Alvarenga, candidata a concejal de Asunción por la lista que postula para la Intendencia a Eduardo Nakayama, es funcionaria de la Justicia Electoral, donde tiene una remuneración de más de G. 11 millones.

La cuñada de Enrique Salyn y Enrique Antonio, Griselda Maidana Sosa, esposa de Víctor Buzarquis, también es funcionaria pública. Está en el Ministerio de Defensa Pública, donde percibe una suma de G. 17 millones, y en la Universidad Nacional de Caaguazú, donde cobra G. 1.300.000.

Primos de los Buzarquis también están ubicados en instituciones públicas. Milton Buzarquis Rivas es sub administrador de la Dirección Nacional de Aduanas, con una remuneración de más de G. 23 millones. Deine Buzarquis Rivas figura en el Congreso Nacional, con un salario de más de G. 18 millones. Otra prima de los Buzarquis es Carmen Buzarquis Perrens, quien está en la planilla de funcionarios de la Justicia Electoral, donde cobra un salario de más de G. 5.000.000.

La ex y la actual

Martha Duarte, ex esposa del diputado Enrique Antonio Buzarquis Cáceres, es funcionaria de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, en Coronel Oviedo, con un salario de más de G. 4.000.000. La actual pareja del parlamentario, Fátima Lird, figuraba en nómina de funcionarios del IPS, hasta marzo de este año. Ese mes cobró más de G. 27 millones.

Son apenas tres casos de políticos que “colonizan” la función pública, y desangran el presupuesto. Mientras, los organismos de control hacen la vista gorda a la situación, y leyes que castigan el tráfico de influencias y el nepotismo, parecen estar de adorno.

La ley está, pero nadie controla

En nuestro país está vigente la Ley N° 5295/14 que prohíbe el nepotismo en la función pública; sin embargo, este vicio continúa, gracias a que los organismos de control hacen caso omiso.

El art. 3° de la ley habla de las sanciones, y textualmente expresa que: “El que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”. Reza que: “El beneficiado con el nombramiento o contrato en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será castigado con la misma pena prevista para el autor”. ÚH intentó obtener un posicionamiento sobre este tema por parte de la Secretaría de la Función Pública, que se llamó a silencio.

FUENTE: UH