El pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el cual hasta el momento no fue presentado ante la Cámara de Diputados, gira en torno a nueve acusaciones por mal desempeño de funciones.

El libelo acusatorio que diputados de distintas bancadas prepararon para solicitar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, contiene nueve principales puntos.

Por ahora, el destino de la titular del Ministerio Público descansa sobre las manos de diputados liberales del sector liderado por el senador Blas Llano, quienes ya anunciaron que aún no darán su postura al respecto esta semana.

Se trata de ocho integrantes del sector llanista. Para iniciar el juicio político, la Cámara Baja debe reunir mayoría de dos tercios; es decir, deben contar con 53 diputados a favor, si están presentes los 80.

Este documento fue puesto a consideración de las distintas bancadas de Diputados para que decidan acompañar o no el pedido de juicio político.

Impunidad en el fallido proyecto Metrobús

La primera de las acusaciones es por la fallida obra del Metrobús, donde se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices, en el marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles, que incluyen daño patrimonial al presupuesto público por la obra inconclusa de Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús, impulsada durante el gobierno del ex mandatario Horacio Cartes.

La denuncia contra el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona fue presentada en el 2018. La fiscala Nathalia Silva fue recusada porque el expediente estuvo más de 12 meses sin actividad investigativa y seis meses después se confirmó a la misma fiscala en la causa.

El denunciado apeló y la controversia quedó en manos de la fiscala general, quien designó a la fiscala Esmilda Álvarez, quien tampoco investiga actualmente el caso, alegando no estar interiorizada de las constancias del expediente, según el libelo acusatorio.

Impunidad en el caso Darío Messer

En la segunda acusación se habla de una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso del “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, Darío Messer, quien se encuentra con condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato.

Pese al extenso informe presentado por la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, donde se pedía la investigación a 17 personas, entre ellas Horacio Cartes, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación y enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público no abrió tal investigación.

Darío Messer es considerado como el intermediario o cambista más influyente del Brasil y, según las investigaciones del vecino país, recibía el 60% de los beneficios de un esquema de lavado de dinero internacional. En Paraguay, el doleiro dos doleiros se encuentra imputado por asociación criminal y lavado de dinero.

En ese sentido, señalan que se detectaron 11 empresas vinculadas a Messer y sus allegados sin que se registren avances sobre incautaciones o decomisos de las mismas, entre ellas, firmas vinculadas a Juan Pablo Viveros Cartes, primo del ex mandatario.

Zero Um, el poderoso socio del patrón, beneficiado por el Ministerio Público

La tercera acusación guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado por medios brasileños como socio de Horacio Cartes en el esquema de inundar el mercado del vecino país con cigarrillos fabricados en Paraguay.

Silveira fue imputado por frustración de la persecución y ejecución penal en Paraguay, tras dar refugio a Darío Messer en su estancia, mientras que este era buscado por la Interpol y también en Paraguay por una causa.

En dicho proceso, el hombre fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, tras donar una ambulancia, sin que se investiguen sus posibles conexiones sobre lavado de dinero y hechos punibles conexos, a pesar de que la Seprelad había emitido dos informes donde se lo mencionan.

“De público conocimiento, un hecho de gran relevancia penal, pero insignificante para el órgano encargado de la persecución: el mismo Roque Silveira habría hecho de intermediario para llevar una carta de Darío Messer al entonces presidente Horacio Cartes, y retirar USD 500.000 para ayudarlo a mantenerse prófugo y aceitar a quien fuera necesario”, señala el libelo, a la vez de mencionar que el titular del Banco Basa, propiedad de Cartes, entregó el dinero a la pareja de Messer.

Denuncia del ministro del Interior contra Cartes

La cuarta acusación es sobre la denuncia hecha por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, respecto a un esquema de lavado de activos, contrabando y asociación criminal contra Horacio Cartes.

Esta denuncia, la más reciente, fue la que motivó a los senadores y diputados a impulsar el pedido de juicio político contra la fiscala Sandra Quiñónez.

La bancada de Honor Colorado en el Congreso apoyó el pedido de juicio político al ministro Giuzzio, tras la denuncia contra su líder Horacio Cartes y un trágico hecho de sicariato registrado en San Bernardino.

«Acusamos a la Sra. Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga de omisión y complicidad en la falta de investigación del esquema criminal transnacional, dirigido por Horacio Cartes Jara, puesto a conocimiento del Congreso de la Nación, por parte del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; a pesar de existir evidencia suficiente para la persecución e investigación penal, desde el inicio de su gestión», señalan en el pedido de juicio político.https://www.ultimahora.com//_post/viewerpdfjs.php?file=https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/documentos/010/897/0010897055.pdf?0000-00-00-00-00-00

Arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares

La quinta acusación se sustenta en una supuesta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares, como los que involucraron al ex senador Óscar González Daher, quien fue procesado por declaración falsa y posteriormente se le sumaron otros hechos que lo llevaron incluso a prisión.

No obstante, en el caso del ex mandatario Horacio Cartes, también denunciado por el mismo hecho, la Fiscalía aplicó un criterio distinto, solicitando una diligencia previa a la Contraloría General de la República y sin imputarlo hasta el momento.

Sobre el punto, también mencionaron la reciente imputación del ex diputado Dany Durand, denunciado por inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes, caso idéntico a la denuncia contra Cartes.

Asesinato de Rodrigo Quintana y atropello al PLRA

La sexta acusación trae a colación el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, registrado en la madrugada del 1 de abril, en el interior de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por parte de policías, tras la quema de una parte del Congreso en la noche del 31 de marzo, luego de un intento fallido de reelección a favor de Cartes y Fernando Lugo.

Pese a toda la evidencia en cuanto a la presencia de comisarios que habrían coordinado el ingreso irregular y sin orden judicial al PLRA, también a través de llamadas, el Ministerio Público solo resolvió acusar al suboficial Gustavo Florentín por el homicidio del joven.

«Resulta además importante investigar si es que el personal policial que ingresó al PLRA, realizó estos hechos con la anuencia del mismo ex presidente de la República Horacio Cartes, pues, se repite, minutos antes del atraco que existen comunicaciones telefónicas de Críspulo Sotelo con el presidente de la República, que permiten sospechar que el mismo y su entorno habrían autorizado —sino instigado— el citado procedimiento», remarca el documento.

Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativo-presupuestaria del Ministerio Público

La séptima acusación se basa en una supuesta ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público.

“La acusada Sandra Raquel Quiñónez reclama al Parlamento Nacional recursos, pero no utiliza los asignados; refiere preocupación por el crimen organizado y el lavado, pero dichas áreas no son fortalecidas y muestran una cuanto menos tímida gestión. Quien debería ser una experta en la materia, parece un ciudadano común, opinando sobre algo que conoce someramente”, argumenta el texto.

De igual manera, alegan que la fiscala presentó información imprecisa, incorrecta o falta a la Comisión Bicameral del Congreso para fundamentar solicitudes de incremento presupuestario, tampoco se observa una planificación interinstitucional, además de priorizar incrementos salariales.

Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones

La octava acusación es por una supuesta impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones, como en la Municipalidad de Asunción por el caso de los detergentes de oro, que afecta al actual intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, como también en las compras realizadas por las gobernaciones de Central, Canindeyú y Caazapá durante la pandemia, entre otras.

Inacción o negligencia del Ministerio Público

La novena acusación es por inacción o negligencia en varios casos, como la conocida causa por lesión de confianza de unos G. 17.000 millones contra el ex presidente de la Essap Omar Ludovico Sarubbi, y otros 34 funcionarios, donde la fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento, bajo el argumento de que los elementos de prueba fueron insuficientes para fundar la acusación.

Entre otros hechos se menciona el caso Empo, donde la fiscala Stella Mary Cano pidió el sobreseimiento provisional contra el actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, además de las denuncias contra el ex ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería Juan Carlos Baruja, y el también ex ministro de la institución Jorge Gattini.

También se cita la megaincautación de cigarrillos de contrabando en diciembre del 2018, en su mayoría de la tabacalera de Horacio Cartes, que solo derivó en la condena de estibadores y no de los financistas.

Se halla también el caso de hechos de tortura a pobladores del barrio San Miguel de Ciudad del Este, por parte de marinos de la Naval, tras la muerte de un suboficial de la Armada durante un tiroteo con presuntos contrabandistas en la ribera del río Paraná.

Como último punto de la novena acusación se encuentra la firmatón realizada por la reelección en el 2017, documento en el cual se pudo identificar más de 60.000 firmas irregulares, incluso 1142 firmas de muertos. Hasta ahora, chicanas y recusaciones impiden que el Ministerio Público avance en el caso.