Fue enviado a dormir en julio del 2020 y hoy vuelve a ponerse en escena el polémico proyecto que aumenta las penas a los casos de corrupción pública, es decir, robo al Estado, como la lesión de confianza y la estafa.
Colorados cartistas y llanistas habían decidido remitir a la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario el proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal.
Pero la principal proyectista, la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo, solicitó que sea tratado en la sesión ordinaria de hoy, en lo que será un nuevo intento de aprobación.
La legisladora explicó que ya no hay excusas para no aprobar el proyecto teniendo en cuenta que el argumento por el que fue enviado a comisión fue que por ser una modificación del Código Penal, debía ser estudiado en el paquete de reforma penal. Sin embargo, después de ese hecho, fueron aprobados otros proyectos de aumento de pena, como el de invasión a la propiedad privada, el de homicidio culposo y el de violencia familiar. “Los colorados no quieren aprobar, pero sus argumentos de rechazo ya cayeron al aprobar estos últimos proyectos. La tercera la vencida”, manifestó.
El proyecto es importante, indicó Vallejo, porque se establecen casos específicos en los que elevar las penas, como cuando se daña el patrimonio del Estado, y este aumento de la condena tiene un efecto en la prescripción de las causas, ya que por lo general las autoridades políticas, por su gran influencia en la Justicia, consiguen dilatar los procesos hasta que prescriben. “Por qué se pone el palo en la rueda en los casos de corrupción. Porque hoy lo que hacen los corruptos es ir al doble del plazo de prescripción y a los 10 años todas las causas se extinguen y esto va a evitar eso, ese es el tema”, expuso la diputada.
El proyecto eleva las penas de estos hechos en los casos especialmente graves, indicando cuáles son estas circunstancias, al definirlas como las que causan daño al patrimonio público, y cuando la conducta del autor haya tenido como consecuencia el peligro o ruina de la víctima.
Vallejo presentó el proyecto atendiendo a los continuos hechos de corrupción pública, como fue el caso de las licitaciones amañadas de Salud en pandemia, pero se encontró con una fuerte oposición del cartismo y sus aliados.
La lesión de confianza tiene una pena máxima de 10 años actualmente y la estafa, 8 años, y con este proyecto se pretende aumentar a 15 años. En caso de concurso con lesión de confianza o estafa puede llegar a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad. “Muy dura la Justicia con los humildes, muy débil con los empresarios, y yo le agrego, muy débil con los corruptos que llevan la plata del Estado”, subrayó Vallejo.
La diputada dijo que el abigeato puede llegar a 15 años, al igual que el robo. Resaltó que hasta el contrabando fue equiparado con un homicidio. “Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tanta resistencia para elevar la pena a los corruptos?”, cuestionó.
El cartista Derlis Maidana señaló que es una ley parche y que lo que se necesita es una reforma integral.