Una grave denuncia salpica a efectivos policiales de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas de CDE, quienes habrían sacado a la fuerza de su vivienda y privado de manera ilegal de su libertad a un joven ciudadano, trasladándolo a la sede policial, en donde le habrían exigido G. 2.000.000 para liberarlo. La supuesta víctima de este nuevo caso de presunta extorsión policial llegó hasta la Fiscalía para presentar denuncia, sin embargo, recién mediante intervención de periodistas pudo formular la acusación, ya que en el Ministerio Público se negaban a tomarle la grave denuncia.

El denunciante del grave caso es el ciudadano Wilfer Ortiz Morínigo, de 32 años, domiciliado en el barrio Pablo Rojas. Refirió que el martes último, en horas de la tarde, llegaron policías de la comisaría 4ª a bordo de una patrullera, quienes habrían ingresado hasta su vivienda, en donde lo apresaron a la fuerza, alegando que tenía medida de arresto domiciliario, en el marco de una causa por supuesto intento de homicidio doloso y portación ilegal de armas. Los uniformados lo habrían trasladado hasta la sede policial, en donde le habrían pedido G. 2.000.000 para liberarlo.

Tras pasar el mal rato, ayer el hombre se presentó al Ministerio Público de CDE para presentar la denuncia sobre el hecho denunciado, sin embargo, recién después de mucha insistencia y con intervención de periodistas apostados en el lugar, pudo formular la denuncia, ya que primero le indicaban que “en la Fiscalía no se podía tomar este tipo de acusación” y le querían enviar a la Dirección de Policía del Alto Paraná para que allí haga su denuncia.

COMISARIO NIEGA TODO

Debido a la gravedad del hecho, periodistas de La Clave conversaron con el Crio. Ppal. Mariano Sosa, jefe de la comisaría 4ª, quien negó rotundamente las acusaciones. El policía mencionó que el denunciante se encontraba presuntamente en la vía pública, uniformado de guardia privado y portando tonfa (arma contundente), desempeñando su labor de custodio en el barrio. Ante esto, los policías presuntamente le pidieron sus documentos y se percataron que el mismo contaba con medida de arresto domiciliario, según el sistema informático de la Policía Nacional.

El comisario dijo que lo trasladaron entonces a la sede policial, en donde posteriormente se presentó el abogado de detenido, exhibiendo un oficio de levantamiento provisorio de medidas cautelares. “Decidí entonces, para no perjudicar a este joven y teniendo a mi vista el oficio presentado por el abogado, liberarlo, sin embargo, ningún policía le pidió dinero. Si el abogado le pidió ese dinero, él debe explicar para qué fines sería”, afirmó el jefe policial. No obstante, el mismo no supo explicar cómo es posible que un agente policial se arrogue funciones de fiscal o de juez, para liberar a una persona con prisión domiciliaria, sin comunicar el caso al menos al Ministerio Público o al juzgado.

El comisario Sosa sostuvo que no hubo privación ilegítima de libertad y dijo no poder explicarse la denuncia del joven, señalando además que “accionará contra el mismo”, por las mentiras que está difundiendo contra él y sus subalternos. En tanto, el denunciante se reafirmó en cada una de sus acusaciones, sosteniendo que fue sacado a la fuerza de su propia casa, llevado a la comisaría, en donde le pidieron G. 2.000.000 para liberarlo. Es de esperar que, paralelo a la investigación fiscal, también el Dpto. de Asuntos Internos de la Policía se encargue del caso e inicie una investigación al comisario Sosa y sus subordinados, que tuvieron participación en el grave hecho.

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