La juez Cinthia Garcete Urunaga fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por haber liberado al supuesto feminicida, Anderson González Ocampos, quien habría asesinado a balazos a su novia adolescente, el 20 de agosto de 2021, en la zona de Minga Guazú. Sin embargo, la magistrada tendría protección de algunos miembros del organismo juzgador y hasta de ministros de la Corte Suprema de Justicia, según fuentes judiciales.
La acción contra la titular del juzgado de garantías n° 5 fue promovida por Mirian Gómez, madre de la víctima Antonia Noemí Sosa Gómez, de 17 años, bajo patrocinio del abogado Leonardo Samaniego. La denunciante pidió el procesamiento y la remoción de la magistrada por mal desempeño en sus funciones, en el caso del brutal asesinato, calificado como feminicidio.
Según antecedentes, el hecho ocurrió el 20 de agosto de 2021, a las 22:00, en una vivienda ubicada en el km 13 Monday del distrito de Minga Guazú, donde funciona un comedor denominado “Ña Rumi”. Aquella vez, Anderson González llegó a la casa y supuestamente sorprendió a su novia participando de una videollamadas con sus amigos.
Esto causó celos en el joven, quien forcejeó con la menor con la intención de sacarle el teléfono celular y saber con quiénes estaba conversando. Pero al no lograr su objetivo, el sindicado hizo una señal de amenaza y fue al fondo de la casa a buscar su arma de fuego, que guardó en la cintura.
Tras regresar, se acercó a la adolescente, sacó su arma, arrimó a ella y le disparó en la mejilla izquierda, que tuvo orificio de entrada de proyectil de arriba para abajo, con presencia de tatuaje. La lesión le produjo fractura del hueso malar y maxilar inferior a la víctima, según el informe oficial.
Asimismo, en la región del tórax, zona de clavícula, presenta orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, sin tatuaje ni quemaduras, se cataloga dicha lesión como reingreso del mismo proyectil citado más arriba, según sostiene la acusación presentada por el fiscal Alcides Giménez.
Toda la acción criminal del procesado quedó registrada en una cámara de seguridad de la vivienda, cuya copia se encuentra anexada al expediente judicial.
Pese a las contundentes pruebas existentes, la magistrada Garcete concedió el arresto domiciliario a Anderson González Ocampos, acusado por feminicidio, que tiene 30 años de expectativa de pena carcelaria.
PELIGRO DE FUGA Y OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
“La juez Cinthia Garcete Urunaga, al dejar llamativamente de observar que por la pena que podrá ser impuesta (30 años) existe indudablemente peligro de fuga y también palpablemente existe peligro de obstrucción, pues el juicio oral aún no se ha llevado adelante y el imputado ya está amenazando a los testigos”, refiere una parte de la denuncia presentada ante el Jurado.
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