El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se vale en forma perversa y maliciosa de la nueva y polémica ley 6814/2021 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra”, para socavar la posibilidad que personas de condición humilde puedan denunciar a jueces venales por mal desempeño en sus funciones. Es el caso de Mirian Gómez, madre de Antonia Noemí Sosa Gómez, adolescente de 17 años asesinada, supuestamente, por su pareja Anderson González Ocampos. La jueza Cinthia Garcete liberó al presunto feminicida, por lo que fue denunciada ante el JEM, pero ahora el abogado de la denunciante debe demostrar su “solvencia económica” en un plazo perentorio de cinco días, de lo contrario se dará por desistida la denuncia.
Recordemos que la juez Cinthia Garcete Urunaga fue denunciada ante el JEM por haber liberado al supuesto feminicida, Anderson González Ocampos, quien habría asesinado a balazos a su novia adolescente, el 20 de agosto de 2021, en la zona de Minga Guazú. La acción contra la titular del juzgado de garantías n° 5 fue promovida por Mirian Gómez, madre de la víctima. La denunciante pidió el procesamiento y la remoción de la magistrada por mal desempeño en sus funciones, en el caso del brutal asesinato, calificado como feminicidio.
Sin embargo, el órgano juzgado de magistrados ahora notificó al abogado Leonardo Samaniego que, en cumplimiento de la mencionada ley, tiene cinco días hábiles para acreditar la solvencia económica de la señora Mirian Gómez, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción, en caso de no presentar el informe requerido. Como es sabido, la madre de la víctima es una mujer de condición humilde, por lo que esta maniobra evidentemente no tiene otro propósito que forzar el desistimiento de la denuncia contra la magistrada, quien gozaría de la protección de algunos altos miembros del JEM, específicamente del abogado Jorge Bogarín y el senador Fernando Silva Facetti.
