La concesionaria Tape Porã estaría cometiendo tipo de ilícitos en complicidad con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, según las graves denuncias. Esta realidad quedó latente una vez más con la destrucción de árboles nativos frente al local de una empresa privada en CDE, cometido en contubernio con la concesionaria y que fuera frenada por la Fiscalía del Medio Ambiente. Otro de los negociados sería la habilitación irregular de estaciones de servicios en plena ruta, franja de dominio del MOPC, con el cual la concesionaria estaría sacando réditos económicos de manera totalmente ilegal y en contravención a las leyes.

Todas las rutas del país son consideradas espacios de dominio público que cuentan con franjas, es decir, espacios de seguridad afectados a la vía y sus instalaciones adjuntas, comprendidos hasta las propiedades lindantes. Por ley, está terminantemente prohibida la instalación de casillas, casetas provisorias o permanentes, clavado de postes y cualquier tipo de construcción o intervenciones en la franja de dominio de las rutas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo responsable y único derecho habiente para cualquier intervención en los citados espacios.

Sin embargo, esto no impide a la concesionaria Tape Porã, que administra 140 kilómetros de la Ruta PY02, desde el km 183 en Caaguazú hasta el km 323 en Ciudad del Este, de habilitar estaciones de servicio en varios puntos de la ruta concesionada. Se trata de gasolineras del emblema Integral (Grupo Bahía) ubicadas en el km 11 de CDE, en Juan León Mallorquín y Pastoreo (Caaguazú), todas construidas en medio de la Ruta PY02, gracias a oscuros «acuerdos” con la concesionaria y el propio MOPC, según indicaron fuentes fidedignas a periodistas de La Clave. Es decir, se construyeron las gasolineras en espacios públicos, algo totalmente prohibido y que solo podría darse a través de una expropiación, cosa que no existió, aseguran las fuentes, que merecen credibilidad.

Esto se trataría de un feroz negociado entre la concesionaria, funcionarios venales del MOPC y el sector privado, que de esta manera se llenan los bolsillos, mientras la ciudadanía “común” se ve obligada a pagar precios exorbitantes en concepto de peaje, que no se compadecen en absoluto con la realidad.

TALA DE ÁRBOLES, SÍMBOLO DE PREPOTENCIA DE TAPE PORÃ

 Otra muestra de la prepotencia de los directivos de Tape Porã es el escándalo ocurrido días pasados, con la tala de árboles nativos, en el km 7 de Ciudad del Este. Con la simple copia de un documento que solicitaba estudio de impacto ambiental ante el MADES, Tape Porã, con anuencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), “autorizó” la tala de árboles nativos, supuestamente, a fin de construir un estacionamiento privado para clientes de una compañía dedicada al agronegocio.

El caso solo fue frenado tras la denuncia de vecinos y la intervención del fiscal especializado en hechos punibles contra el Medio Ambiente, Adolfo Santander, quien ordenó el cese inmediato de los trabajos efectuados, ante la falta de documentación para el procedimiento que, conforme los dichos, es parte de un acuerdo entre la firma que comercializa insumos agrícolas y Tape Porã, sin justificación alguna.

Las evidencias demuestran que esta concesionaria se cree “dueña” de la ruta y toda la franja de dominio, de otra forma no se explica su irracional y prepotente accionar, comentaron vecinos molestos por la situación, quienes pidieron mantener en reserva sus identidades por temor a represalias.

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