El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), ingeniero Enrique Duarte, consideró acertado el veto del Ejecutivo al polémico proyecto de ley que pretende una compensación de alrededor de USD 940 millones a ex obreros de empresas contratistas de la Itaipú Binacional (IB). Al mismo tiempo, el industrial dijo que instan al Congreso a aceptar el veto.

Por su parte, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya, ingeniero Paul Sarubbi, si bien aclaró desconocer a profundidad la propuesta objetada, subrayó que a nivel general el Estado debe cuidar sus finanzas, mejorar su gasto público y evitar los gastos innecesarios, aunque advirtió que prefiere no calificar el pedido que hacían los ex obreros como tal.

Duarte recordó que desde el gremio al que representa “siempre sostuvimos que el veto es atinado”. “No corresponde ese tipo de compensaciones, los regímenes laborales ya fueron tratados perfectamente, existe el Tratado de Itaipú, protocolos que se deben respetar, y que las compensaciones no son solamente fuera de lugar, sino también extemporáneas”, señaló.

Inadecuada. El presidente de la UIP añadió que estima que la forma en que se planteó la normativa no es la indicada, y que probablemente se quiere aprovechar una coyuntura política (el proyecto pretende beneficiar a más de 15.000 personas), por lo que insistió que están de acuerdo con el veto. “Instamos al Congreso que acepte el veto, no se puede discutir algo que ya se discutió, y sobre lo cual no tiene potestad solamente la parte paraguaya”, advirtió en relación al plan, sumándose a la argumentación esgrimida por el Ejecutivo justamente para rechazar la propuesta.

A su turno, Sarubbi precisó que no es abogado ni un experto en la materia, pero lo que sí puede “decir de manera general es que verdaderamente el Estado tiene que tratar de mejorar su gasto público, ser consciente que los gastos innecesarios —no digo que este sea un caso de gasto innecesario— lo único que hacen es sacar las posibilidades de poder invertir”.

“Siempre al final de cuentas el fusible es la inversión y no debe ser así. Tenemos que ponernos como meta tratar de que el Estado tenga cada vez más capacidad financiera, para poder financiar este tipo de proyectos”, opinó.

La iniciativa aprobada por el Congreso estipula una compensación que equivale a lo necesario para mantener el ritmo de inversión en infraestructura anual recomendado en Paraguay, por ejemplo, y aunque el titular de Cavialpa evitó calificar si el reclamo de los ex obreros era justo, esgrimió “que si el presidente vetó es porque verdaderamente no era la forma”.

En efecto, el presidente Mario Abdo expuso que el funcionamiento de la entidad binacional y el manejo de los recursos financieros están acordados con los Estados partes, que es a través del tratado internacional. “Estas normas, que son fruto de un tratado internacional, tienen preferencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que pueda surgir de un debate (a instancias del Congreso)”, arguyó.

Recalcó que se están precautelando los intereses de la binacionalidad y que ningún Congreso —paraguayo o brasileño— puede modificar un tratado internacional. “No se puede modificar la ecuación financiera de Itaipú”, insistió el mandatario.

USD 940 millones es el monto destinado para las compensaciones, en caso de que la ley quede en vigencia.

Discusión entre Senado y Ejecutivo

La Comisión de Entes Binacionales del Senado tiene prevista para hoy una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda para analizar el veto al proyecto de compensación de USD 940 millones a ex obreros de Itaipú.

El encuentro será desde las 08:30, aunque el titular del Congreso, Óscar Salomón, mencionó que además se está analizando una audiencia pública con gremios de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio para conversar sobre el mejor uso de los recursos.

También hoy el Ejecutivo charlará con el sector privado acerca de las diferentes iniciativas parlamentarias que podrían tener un impacto por USD 1.800 millones.

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