El fiscal antisecuestro Alberto Torres ordenó la detención preventiva de 6 policías del Departamento de Homicidios de Alto Paraná que habrían extorsionado a una mujer, a quien detuvieron por varias horas y le exigieron supuestamente la suma de US$ 100.000 (G. 710 millones) por su liberación. Los mismos habrían manifestado a la víctima que tenía una orden de captura internacional y que si no pagaba el monto requerido la extraditarían inmediatamente.
Los agentes policiales investigados por privación ilegítima de libertad y extorsión son los oficiales Karina Caballero y Diego Ayala, además de los suboficiales Ever Aquino, Rafael Silvero, Hugo Báez y Alfredo Báez, quienes inicialmente deberán guardar arresto en la Dirección de Policía del Alto Paraná. La primera de ellas ya estuvo involucrada en otro hecho similar durante la pandemia, cuando prestaba servicios en Investigación de Delitos.
Según los datos que maneja la Fiscalía, el procedimiento extorsivo se realizó el 3 de noviembre pasado, oportunidad en que los seis policías detuvieron supuestamente de manera irregular y sin ningún motivo a la ciudadana Reinalda Santacruz Brítez, radicada en España hace más de 20 años. En la ocasión interceptaron a la mujer mientras circulaba en su vehículo por la avenida Bernardino Caballero, en las inmediaciones del supermercado Gran Vía- Remansito de Ciudad del Este. Los policías estaban en una camioneta de color gris, del cual descendieron la oficial Caballero y tres hombres, todos de civil, quienes exhibieron placas policiales y advirtieron a la mujer que el vehículo en que circulaba supuestamente era robado. La víctima les respondió que eso era imposible, ya que el rodado fue comprado de una playa de autos y estaba a nombre de su pareja.
Igualmente, los policías la obligaron a descender y la trasladaron hasta la base del Dpto. de Homicidios. Allí le advirtieron que supuestamente tenía una orden de captura internacional y le exigieron el pago de US$ 100.000 para solucionar el problema y evitar que sea extraditada en ese mismo momento. Posteriormente, llegaron al lugar su marido de nacionalidad española y un abogado para asistirle. Tras las negociaciones, los agentes bajaron sus pretensiones a US$ 10.000.
El dinero debía ser transferido por el extranjero a una cuenta del Banco Familiar perteneciente al suboficial Alfredo Báez, pero la operación no pudo realizarse porque el banco español bloqueó la cuenta al sobrepasar el monto permitido para transferencia que es de US$ 3.000. A raíz de esta situación no pudo realizarse el pago exigido presuntamente por los policías. Después, la pareja cambió de abogado y el nuevo profesional recomendó formular la denuncia contra los agentes supuestamente implicados en los hechos punibles. La mujer ratificó su denuncia en sede del Ministerio Público. La misma comentó que tiene una causa abierta en España, pero no cuenta con orden de captura internacional como le mencionaron los policías.