La polémica iniciativa legislativa aprobada en el Senado, además de una multa pecuniaria, establece exclusiones de los ciudadanos. Se considera un grave retroceso en los derechos de la gente.

A un día de aprobarse el polémico proyecto del Senado que busca facultar al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para cobrar la multa prevista en el artículo 332 del Código Electoral de aquellos electores que no acudan a votar, la crítica y el repudio no se hicieron esperar. Algunos miembros de la sociedad civil incluso tildaron como una afrenta a la soberanía del elector de decidir si vota o no, más aún en el escenario que vive el país donde políticos corruptos y figuras escombros buscan acaparar el poder.

Pese a la paupérrima oferta electoral que ofrecen los partidos políticos, en especial los tradicionales, y sin tener en cuenta la grave crisis de representación que la ciudadanía percibe, los senadores en su mayoría aprobaron medidas coercitivas para que el hecho de no votar sea sancionado con multa y una serie de medidas que empujan a la “muerte civil” con exclusiones.

El activista civil Néstor Núñez señaló que es inconstitucional lo aprobado por el Senado, dado que la Carta Magna establece que el voto es un “deber”, no una obligación. “El deber es voluntario. No es coercitivo. No se castiga el deber”, señaló en redes.

Consideró más grave aún que el incumplimiento del pago de una multa va aparejada a que el ciudadano sea vedado de cumplir ciertos trámites públicos. “La multa es el símbolo de la inconstitucionalidad, de la pérdida de soberanía del mandante, del ciudadano, de su poder público, de su libertad, para ser sometido por sus mandatarios (legisladores) coercitivamente y con sanciones para no trabajar, vender, circular con su vehículo, transferir para recibir/enviar dinero. Es decir, el mandatario (legislador) se atribuye facultades extraordinarias, castigando al soberano a muerte civil”, escribió. La suspensión en sus derechos de ciertas actividades son: la de tramitar ante Tributación, lo cual afecta al trabajo; la de tratar la tramitación de pasaportes y antecedentes ante Identificaciones; la de tramitar ante los Registros Públicos, la de realizar trámites ante municipios y gobernaciones, la de hacerlo ante el Registro del Automotor y para gestionar transferencias monetarias condicionadas, entre otros.

En relación a lo actuado por el Senado, la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, manifestó vía 1080 AM, que obligar no es la vía y está claramente en entredicho la multa. “Se pretende aumentar la participación, siendo que la abstención también es una forma de participar en las votaciones», dijo.

retroceso. Por su parte, el senador liberal Eusebio Ramón Ayala refirió que la medida que impulsó la mayoría es retroceder 500 años en derecho, pues ahora ya no se castiga el incumplimiento de un deber. El proyectista, senador Abel González culpó a la ciudadanía su supuesta falta de “valores” al considerar de que la mayoría prácticamente espera el día de la votación e ir a votar por una dádiva a cambio.


La multa es símbolo de la inconstitucionalidad, de la pérdida de soberanía del por mandatarios. Néstor Núñez, ciudadano.

Se pretende aumentar la participación, siendo que con la abstención también se participa. Diana Vargas, abogada.