En línea con su decisión tomada a mediados de agosto, la máxima instancia judicial solicitó más dinero para financiar aumentos salariales, creación de cargos, seguro e inversiones, entre otros.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso arrancó ayer la tercera semana de las audiencias informativas que se desarrollan en el marco del estudio del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Acudieron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

En primer turno, las autoridades de la máxima instancia judicial, encabezada por su vicepresidente, Alberto Martínez Simón, informaron que el Ministerio de Hacienda les asignó un plan de gastos de G. 1,39 billones (USD 197 millones), monto que es inferior en un 56% a los G. 2,18 billones (USD 307 millones) que requieren para prestar un servicio eficiente a la ciudadanía. Así, pidieron una ampliación por valor de G. 782.383 millones (USD 110 millones), equivalentes al 56%.

Este aumento en su presupuesto institucional irá casi en un 30% al componente salarial. La Corte pretende que, de ese total, G. 147.323 millones se asignen a reajustes salariales para jueces, actuarios, ujieres, dactilógrafos y registradores, entre otros. Estos incrementos se darían en escalas que van desde el 5% al 40%.

Además, la entidad solicita la creación de 779 cargos, la desprecarización (nombramientos) para 1.315 funcionarios contratados y el pago de bonificaciones extras para 1.048 personas.

Martínez Simón recalcó que el personal del Poder Judicial no tiene un aumento salarial desde el 2012, por lo que estos reajustes serían una especie de “actualización salarial con base en la inflación”.

Estos pedidos de subas salariales alcanzarán a 7.897 funcionarios permanentes, 3.716 personas del área jurisdiccional y 701 de Registros Públicos.

Otros rubros extras que reclamó la institución incluyen el seguro médico para 11.730 personas, por G. 12.624 millones; y las inversiones en una quincena de construcciones, por G. 291.970 millones.

Esta ampliación para el 2023 ya había sido aprobada a mediados de agosto por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una sesión interna. Días después, el Ministerio de Hacienda salió al paso de esta decisión y afirmó que no hay recursos para cumplir con el pedido, atendiendo a la coyuntura económica.

CIERRE. Según el cronograma oficial, las audiencias ante la Bicameral culminan hoy.

El calendario indica que deben acudir, desde las 9:30, las autoridades de Relaciones Exteriores, Educación, UNA, Agricultura, Banco de Fomento y Hacienda.

Asimismo, se espera que sean nuevamente agendados los representantes de la Justicia Electoral y del Ministerio Público, considerando que los mismos debían acudir ayer, pero la sesión se postergó porque en Diputados había sesión extraordinaria.

MDP también quiere subir sueldos

En segundo turno, acudieron ante la Comisión Bicameral del Congreso las autoridades del Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

La ministra de esta entidad, Lorena Segovia, tras explicar la ejecución vigente y el desempeño institucional, se unió al pedido de ampliación hecho por la Corte para el 2023. En total, la solicitud de recursos adicionales llega a los G. 62.578 millones, por encima de la versión enviada por Hacienda.

La presentación hecha por la secretaria de Estado indica que G. 52.461 millones del pedido de adenda irán al gasto salarial.

Dentro de este rubro, la institución reclama la equiparación para médicos forenses, mediadores, ujieres, dactilógrafos, auxiliares y asistentes, entre otros, así como un aumento para gastos de representación de los defensores.

Además, pide la creación de cargos para 22 defensores, 22 asistentes, 22 ujieres, 22 dactilógrafos, 20 coordinadores, 39 psicólogos y 80 auxiliares de servicios generales.

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