El Ministerio de Hacienda presentó hace unos días una nota a la Presidencia del Senado urgiendo el tratamiento del proyecto de ley que busca frenar el aumento del gasto salarial y cambios al sistema tributario en años electorales.
La cartera fiscal se mostró muy preocupada por las últimas iniciativas aprobadas en el Congreso, que inflan el desembolso en remuneraciones y que involucran a entidades, como Itaipú, Contraloría, Senado y Fiscalía. Solo el caso de Itaipú requeriría unos USD 900 millones.
En la nota, firmada por el ministro Óscar Llamosas, la entidad que lidera el Equipo Económico señala que si se sigue aumentando el gasto, y al mismo tiempo no se generan nuevos ingresos, se genera automáticamente un desequilibrio financiero que imposibilitará al Tesoro poder cumplir con el Presupuesto Público.
Recuerda, además, la “frágil situación económica” por la que están atravesando Paraguay y otros países como consecuencia de la pandemia y la incierta coyuntura internacional. En nuestro caso, a lo que se suma la sequía, la última revisión hecha por el Banco Central redujo el crecimiento económico del 3,7% al 0,2%.
“La estabilidad macroeconómica que con mucho esfuerzo hemos logrado consolidar todos los paraguayos es un bien público, y es nuestra obligación como hacedores de políticas preservarla para garantizar la búsqueda del bienestar de toda la población”, termina diciendo el documento enviado por Hacienda al Senado.
ANTECEDENTES. A contramano al incierto contexto fiscal y financiero, los legisladores buscan seguir inflando el gasto público en salarios y beneficios extras ligados a los salarios.
En un año de elecciones internas para presidente, cargos legislativos y autoridades departamentales, están en estudio en el Congreso cinco iniciativas que prevén una ampliación del Presupuesto General de la Nación en G. 161.498 millones (USD 25,3 millones). Las entidades afectadas son la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cámara de Senadores y Caja de Empleados Ferroviarios.
El agujero fiscal podría ser aún más grande si prospera en el Congreso el proyecto de ley que indemniza a los ex obreros de las contratistas de Itaipú. Los cálculos previos hechos por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de que, solo esta iniciativa, tendría un costo de USD 900 millones.
Mientras no cesan las iniciativas parlamentarias para aumentar los despilfarros, el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional para contener los gastos en años electorales cumplió ya casi tres meses de haber ingresado al Senado y estar prácticamente cajoneado.
Esta propuesta, elaborada por el Equipo Económico Nacional, contempla la prohibición de incrementar los salarios del plantel público en años electorales (internas y generales), como lo son este 2022 y el 2023.
Incluye, asimismo, la prohibición para que el Congreso apruebe iniciativas que impliquen modificaciones al sistema tributario interno, en cuanto a reducción o limitación de ingresos fiscales.
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