La Defensoría Pública es el sitio donde recurren las personas de escasos recursos para buscar un asesoramiento jurídico o una salida alternativa a sus problemas judiciales, sin embargo, la institución que debe brindarles esa asistencia se maneja en la absoluta orfandad de recursos, tanto que los funcionarios deben hacer colecta para comprar papeles, tintas para impresoras y otros insumos que deberían ser proveídos por el Estado.

Los propios empleados comentaron esta situación por la que vienen atravesando hace bastante tiempo y lamentaron que la defensora general, Lorena Segovia, antes que escuchar las inquietudes de los funcionarios, actúa con prepotencia, los humilla y se desentiende de las necesidades reales de la institución.

“Tenemos que colaborar para comprar papel tamaño oficio, en eso entran las resoluciones, los acuerdos, también tinta y otros insumos. Esto es desde hace rato y lamentablemente quien debería escucharnos no nos tiene en cuenta, estamos atravesando por problemas que con una buena gestión se podrían solucionar”, explicaron los funcionarios, cuyos nombres omitimos a pedido de ellos, porque temen represalias en su lugar de trabajo.

Al respecto, indicaron que muchos funcionarios están peleando por su ascenso y que las veces que la Defensora General visita la zona, solo escuchan expresiones imperativas y hasta subidas de tono, antes que atender los pedidos de las personas que hacen a la institución que atiende a numerosas personas en esa zona del país, diariamente.

Lamentan que nadie haga nada al respecto, pese a conocerse de la situación que no es exclusiva del Alto Paraná sino a nivel país. La falta de insumos es una cuestión que vienen reclamando hace tiempo, pero no obtienen respuestas, y los funcionarios ya están hartos de suplir el rol que le compete a la institución.

Muchas personas que concurren a la Defensoría no tienen siquiera para el pasaje y a veces deben fotocopiar documentos o legalizarlos ante una escribanía y esos servicios tienen costo, además, algunos por esos gastos permanentes, optan por no ir a las audiencias y con eso se expone a situaciones procesales más severas.

UN COSTOSO ALQUILER

Otro dato no menor es que, en medio de las precariedades que atraviesan como institución, la Defensoría Pública de Ciudad del Este, se mudó al antiguo local del Palacio de Justicia sobre la avenida Bernardino Caballero, pero pagando un alquiler de unos G. 35 millones, según fuentes de la propia institución.

Este dato pasaría inadvertido si el local que utilizaban en el área 3, sobre la avenida Eugenio A. Garay, no haya sido en forma gratuita, cedido por la entidad binacional Itaipú a la institución pública. De hecho, siempre de acuerdo a fuentes de la Defensoría, la propia Lorena Segovia, fue la más interesada en esta mudanza.

En el antiguo edificio del Poder Judicial, solo utilizan el segundo piso para las dependencias de la Defensoría, en espacios muy reducidos, donde no hay comodidad para las audiencias y no cuentan con insumos de oficina suficientes para la gran demanda que tienen.

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