Pese a los 67 procesos en que investigan al presunto jefe narco brasileño Lindomar Reges Furtado, fugado del Paraná Country Club de Hernadarias mientras una comitiva fiscal-Senad fue demorada en la portería del complejo residencial para permitir la huida del criminal, éste contaba con dos resoluciones judiciales para no ser retenido.

El entonces prófugo de la justicia brasilera, Reges Furtado, había denunciado a través de sus abogados que era permanentemente extorsionado por policías y solicitaba la aplicación de la figura procesal del “hábeas corpus” preventivo, que le fue otorgado por el juez de garantías Carlos Vera Ruiz, según el mismo confirmó públicamente el pasado 15 de febrero, tras el frustrado operativo para su detención. Ya entonces se puso en duda la legalidad de dicha garantía constitucional que favorecía al presunto criminal, que al mismo tiempo habría contado con la asistencia de federales del vecino país.

Reges Furtado era buscado por la justicia brasilera que ubicó al prófugo en el residencial Paraná Country Club y solicitó el procedimiento formal para detenerlo, junto a su esposa Gladys Duarte, hoy también prófuga y con fuertes sospechas que no hayan abandonado el territorio nacional. De hecho, el sujeto no contaba con código de búsqueda en la Interpol, ni en la policía nacional, por lo que el juez Vera, le otorgó el beneficio, aseguró.

SELECTIVIDAD

“De mal tomada y no fundamentada” calificó la concesión de Vera Ruiz el abogado constitucionalista José Casañas Levi, al hacer referencia a la concesión del magistrado. No solo fue él, ya que su colega Cinthia Garcete Urunaga procedió de igual forma ante un requerimiento formal presentado por el extranjero y su esposa, utilizando los mismos argumentos que el caso anterior. Según las sospechas, las dos resoluciones habrían tenido un elevado costo, debido a que la Policía no podría retenerlos ni verificarlos mientras circulaban por la vía pública.

En marzo de este año, el pleno de la Cámara Baja había solicitado a su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el inicio de las investigaciones contra los jueces Carlos Vera Ruiz y Cinthia Garcete, pero hasta la fecha, al menos en la página del órgano extrapoder, no aparecen esos nombres como sospechados. La cuestión es sumamente delicada, ya que el JEM es manejado políticamente y, en esa instancia, es imposible suponer argumentos jurídicos para los enjuiciamientos y sus sentencias. En cuanto a las concesiones de habeas corpus, sería una garantía comercializada a diario al mejor postor.

Los dos últimos presidentes del órgano juzgador, senador Fernando Silva Facetti y el actual, Jorge Bogarín Alfonso, antes que iniciar investigación se ocupan en defender a la magistrada Garcete, pese a sus reiterados malos desempeños denunciados y de los que siempre sale airosa mediante sus tentáculos políticos.

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