El cuestionado juez penal de garantías de Ciudad del Este, Carlos Vera Ruiz, envió a la Agrupación Especializada a siete agentes de la Policía Nacional que secuestraron y extorsionaron a una pareja de turistas brasileños en enero del 2021, en el interior de la comisaría 21ª de Torín, departamento de Caaguazú.

Llamativamente, los uniformados no fueron procesados por secuestro, sino solo por extorsión, extorsión agravada y asociación criminal, pese a que retuvieron al extranjero y liberaron a su esposa para que consiga 50.000 reales exigidos por los policías corruptos. El magistrado esperó que el caso se enfriara y benefició a los polibandis con arresto domiciliario en octubre del 2021 y ahora responden al proceso desde la comodidad de sus casas.

Se trata de un sonado caso que implica al comisario Alcides Velázquez Iriarte y sus subalternos Eladio Inocente Giménez Caballero, Gustavo Armando Toledo González, Osmar Antonio Paredes Arrúa, Julio Darío Díaz Sosa, Walter Francisco Capdevilla Benítez y Emilio Pérez Arce, quienes prestaban servicio en la referida comisaría situada a unos 100 kilómetros de Ciudad del Este.

El 18 de enero del 2021, Mateus Mangiocca, de 22 años, y su esposa Julia De Lima Venancio, de 21, ambos oriundos de la ciudad de São Paulo, Brasil, vinieron a conocer el Paraguay, fueron hasta la ciudad de Asunción a bordo de una camioneta Jeep Renegade, alquilada. A su regreso, los extranjeros fueron abordados por los agentes de la comisaría 21ª, ubicada en la colonia Torín de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú. Allí, los uniformados empezaron a exigir dinero a la pareja porque supuestamente no tenían una autorización impresa para conducir, solo la tenían en plataforma digital, en sus aparatos celulares.

Los policías exigieron una coima de 50.000 reales (unos G. 62.500.000, al cambio de ese entonces) para dejarlos continuar el viaje. Ante la negativa de la pareja de pagar el sideral monto, los corruptos policías les esposaron y metieron en el calabozo, amenazándoles de que plantarían droga en su vehículo.

Al día siguiente, Julia De Lima Venancio fue trasladada por un policía hasta el centro de Ciudad del Este en un auto particular; allí la mujer abordó un taxi contratado por el personal policial para que la lleve a un banco de Foz de Yguazú para retirar el dinero y vuelva. Sin embargo, en la agencia bancaria se negaron a entregarle la alta suma, momento en que la mujer se arrodilló y pidió que le den el dinero, caso contrario matarían a su marido.

Los guardias llamaron a agentes de la Policía Federal y tras una conversación con la mujer, la acompañaron hasta Paraguay y denunciaron el hecho ante la Fiscalía y, de inmediato, la fiscal Estela Mary Ramírez y agentes de Investigación de Delitos fueron a allanar la citada dependencia policial y liberaron a Mateus Mangiocca.

ARRESTO DOMICILIARIO

Esa misma tarde, la agente fiscal dispuso la detención de todos los involucrados en el caso y el juez penal de garantías, Carlos Vera Ruiz, envió a los polibandis a la Agrupación Aspecializada, donde quedaron detenidos hasta el 5 de octubre del 2021, cuando el mismo magistrado cambió de parecer y les otorgó arresto domiciliario, pese a la gravedad del hecho que se les atribuye.

Según los datos, el propio juez había maniobrado todo el esquema para que los uniformados respondan el proceso desde sus casas y por el favor habría recibido una fuerte suma de dinero de cada uno de los procesados.

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