Varias autoridades que ocupan cargos públicos también son reconocidas por recurrir a chicanas. Además, muchos de ellos son beneficiados por la lentitud de la Justicia para sacar resoluciones.

Es de conocimiento público que las causas de políticos procesados por hechos de corrupción no son en su mayoría investigadas, pese a incontables denuncias por malversaciones al frente de instituciones, siendo intendentes, ministros, legisladores y otros. Por otro lado, en los casos en que sí la Fiscalía toma cartas en el asunto, muchos quedan parados en el camino, por incontables dilaciones, más conocidas como chicanas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del diputado Tomás Rivas, cuya causa, llamada de los caseros de oro, fue extinguida, luego de que haya arreglado con el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, resarcir el daño causado a través de la estafa. Pagó G. 121 millones, por lo que quedó sobreseído.

La Fiscalía apeló la resolución del Tribunal de Sentencia, de liberarle de cargos y ahora es Apelaciones (integrado por los camaristas José Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez) el que tiene pendiente resolver desde mediados de marzo la apelación del fiscal Luis Piñánez, pero todavía no hay respuesta.

OTROS CASOS. Hay otras causas emblemáticas de políticos que todavía están pendientes de respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones y otras, inclusive, cajoneadas.

El ex diputado Carlos Portillo está procesado por tráfico de influencias y el caso ya fue elevado a juicio en noviembre del 2020. Sin embargo, presentó varias dilaciones y, desde abril del 2021, el Tribunal de Apelaciones de CDE se mantiene en silencio sobre la apelación contra la elevación a juicio (que es inapelable).

Por otra parte, el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, conocido como el chicanero serial en el 2021, fue cuatro veces condenado, pero hasta ahora no pisó la cárcel. Sus sentencias de 2 años, otra de 2, 4 y 8 años fueron apeladas y el Tribunal no resuelve.

Otro caso es del ministro del Interior, Rafael Filizzola, sobreseído en febrero de este año porque la jueza Alicia Pedrozo alegó que el hecho quedó prescripto. El caso data del 2011, y tiene relación con obras en comisarías que supuestamente causaron perjuicio de G. 974 millones. La Fiscalía apeló su sobreseimiento, pero tampoco el Tribunal se expidió al respecto.

PENDIENTES EN LA CORTE. Otro caso muy sonado es del ex senador Víctor Bogado, condenado en el 2019, por cobro indebido de honorarios. Se dispuso que debe pagar G. 480 millones, en el caso de la niñera de oro. La sentencia hasta ahora no se cumple por masivas chicanas; la última, una acción de inconstitucionalidad, pendiente en la Corte.

También el actual senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod tienen un caso pendiente en el Máximo Tribunal de Justicia. Se trata sobre una supuesta declaración falsa.

Desde julio del 2020, la Corte tiene cajoneada una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa. Por este motivo, todavía no se realizó la audiencia preliminar para saber si van a juicio.

Otra persona que se benefició del clan político formado por su hermano, el fallecido ex senador Óscar González Daher, es Ramón González Daher.

Está pendiente en la Corte resolver la acción de inconstitucionalidad planteada en el caso del hurto de 380 cheques de un Juzgado. El potentado usó la política para extorsionar y operar a través de la usura por años. Lo que pretende ahora es anular la imputación que hay en su contra.

También está el ex contralor general de la República José Enrique García, quien el 12 de noviembre del año pasado planteó una acción de inconstitucionalidad, en la causa donde está acusado y debe enfrentar juicio por producción de documentos no auténticos, en el caso Ivesur.

Sospechan que falseó un documento siendo asesor en la Comuna de Asunción.