La comunidad educativa de Alto Paraná está sumamente preocupada, tras conocerse la noticia que la cuestionada Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), nuevamente, participa de un llamado del Ministerio de Educación y Ciencias para ofrecer programas de capacitación a docentes, en el marco de una licitación millonaria. Esto llevando en cuenta los nefastos antecedentes de esta casa de estudios, acusada por estafa y plagio en Perú (país de origen de la USIL) y Paraguay. En el MEC, las autoridades se llamaron a silencio y no contestan cómo puede ser posible que una empresa con negros antecedentes, de nuevo, pueda presentarse a un concurso público.

Recordemos que el caso estalló cuando el 20 de julio trascendió que los directivos de la cuestionada USIL participan de un millonario llamado a licitación del Ministerio de Educación y Ciencias, pretendiendo ofertar en el concurso “contratación de instituciones de Universidad para desarrollo del curso de especialización en aprendizajes basados en redes y liderazgo pedagógico”, destinado a docentes paraguayos.

Se trata de un nuevo concurso de ofertas, en el marco del “programa de capacitación de los educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos a nivel nacional”, del Ministerio de Educación y Ciencias. El acta de apertura se realizó el 20 de julio y existen fuertes sospechas que la USIL, que es oferente conjuntamente con otras tres casas de estudios, podría ser la beneficiada, pese a los nefastos antecedentes que tiene en su haber.

Fuentes fidedignas del MEC, que merecen credibilidad, señalaron que habría una “mano negra” que está tratando de beneficiar a la USIL, cuyos directivos tendrían “aliados” dentro de la cartera del Estado, por lo cual, pese a los oscuros antecedentes, podrían ser nuevamente adjudicados con el contrato, estipulado en unos G. 1.600 millones.

Hay que recordar que la USIL, con sede central en Perú, fue protagonista de una de las mayores estafas al Estado paraguayo, al ofrecer precisamente un curso de capacitación a casi 3.000 docentes, cuyo contenido, en gran porcentaje, fue plagiado de un programa ya utilizado por el Ministerio de Educación del país andino (dueño del material), caso que incluso fue investigado por el Distrito Fiscal de Lima, Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, a cargo del fiscal Miguel Ángel Puicón.

En agosto de 2018, el MEC formuló una denuncia por plagio en los materiales presentados por la Universidad San Ignacio de Loyola, en aquel contrato por unos G. 8.800 millones. No obstante, el fiscal Diego Zilbervarg, en abril de 2019, desestimó la causa, manifestando que el delito fue cometido en Perú.

NO DICEN NADA

Intentamos conocer la versión de los responsables del MEC sobre el grave caso, sin embargo, hasta ayer no hubo ninguna comunicación oficial o respuesta sobre el tema. De hecho, habría reticencia de hablar sobre el polémico contrato, puesto que la licitación ya estaría “cocinada” a favor de la USIL y solamente se buscaría la manera de “aquietar las aguas” para proseguir y finalizar el “negocio”. Esta situación preocupa sobremanera a la comunidad educativa de Alto Paraná, llevando en cuenta que los docentes serían los principales perjudicados, en caso de registrarse nuevos problemas con este curso de capacitación, que podría acabar no siendo reconocido o podría incluso anularse, como ya ocurrió en el pasado, debido a las maniobras dolosas y poco éticas de los directivos de la USIL.

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