Paraguay está entre los últimos del orbe en el área de «justicia penal». Ocupa el puesto 132 de 139 países, por detrás de México, Nicaragua, Haití y Guatemala.
Así lo determina un informe de la organización Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project o WJP, por sus siglas en inglés), el cual lanzó su Índice de Estado de Derecho del 2021, que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al estado de derecho.
El sistema penal no es oportuno y efectivo en Paraguay, ya que los autores de los delitos no son efectivamente enjuiciados y castigados, además de contar con jueces y funcionarios del área penal escasamente competentes, quienes están a cargo de procesos judiciales lentos, según el reporte.
En ese sentido, “la efectividad y el proceso en el debido tiempo del sistema penal” es uno de los peores del mundo. Es así que Paraguay se ubica entre los tres últimos del mundo (en el lugar 137 de 139 países), junto con Bolivia y Venezuela, según la WJP.
Otro punto resaltante del informe es que Paraguay está aplazado en el “sistema correccional”, el cual no sirve para disminuir o atenuar las conductas criminales, ya que las instituciones penitenciarias son inseguras, no respetan los derechos de los reclusos e incluso son ineficaces para prevenir la reincidencia en los delitos.
En este punto del “sistema correccional”, Paraguay está entre los cuatro últimos del mundo (en el lugar 136 de 139 países), junto con Gambia, Guatemala y Venezuela, según revela la WJP.
El sistema penal de Paraguay también está marcado por un alto grado de corrupción, ya que se percibe que tanto policías, fiscales y jueces están influenciados por sobornos y por una presión indebida de organizaciones criminales.
Paraguay no está exento de “corrupción en su sistema penal” y se ubica entre los últimos doce del mundo (en el lugar 128 de 139 países), según el informe mundial.
El estado de derecho en Paraguay
En el ránking mundial de países con estado de derecho, Paraguay está en el puesto 96 de 139 países en lo referente al “estado de derecho”, y en el lugar 25 de 32 países en la región de Latinoamérica en el informe anual, según la organización WJP.
Asimismo, el puntaje del país entre los de ingreso medio alto lo ubica en el puesto 31 de 40. Paraguay se incorporó por primera vez este año al Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización WJP.
En Latinoamérica, el país con el puntaje más alto es Uruguay (en el lugar 25 de 139 países), seguido de Costa Rica y Chile. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, Haití y Venezuela (en el lugar 139 de 139 países).
Al nuevo informe se agregaron dos nuevos países de América Latina y el Caribe, como Haití y Paraguay.
En el último año, 22 de 30 países redujeron su puntaje en la región. De estos 22 países, 13 ya lo habían hecho también en la versión anterior del índice global.
Como conclusión general del informe resalta que el estado de derecho se debilitó a nivel global, según asegura la organización WJP.
El reporte del WJP es anual y se basa en encuestas a más de 138.000 hogares y 4.200 especialistas alrededor del mundo. El informe del WJP incluye ocho factores en su medición del estado de derecho, tales como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Entre estas dimensiones evaluadas en el informe, los tópicos que registraron mayores caídas incluyen los límites al poder gubernamental, espacio cívico, rapidez de la justicia y ausencia de discriminación.
El Índice de Estado de Derecho del 2021 del WJP es el primer reporte de una serie anual desde que se declaró la pandemia del Covid-19 en 2020 y expone que las tendencias negativas de varios años se deterioraron aún más durante este periodo.
“Con tendencias negativas en tantos países, esta edición del Índice de Estado de Derecho del WJP debería ser una llamada de atención para todos nosotros”, manifestó el cofundador y director ejecutivo del WJP, Bill Neukom.
“El estado de derecho es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz. Reforzar esa base debería ser una de las principales prioridades para el período de recuperación de la pandemia”, refirió.