Hubo un intenso operativo presidencial para cerrar consenso con senadores para elegir al nuevo fiscal general del Estado. El oficialismo está dividido entre Cecilia Pérez y Emiliano Rolón.

El presidente Mario Abdo Benítez sigue negociando con los senadores para cerrar la designación del futuro fiscal general del Estado. Se acorta el plazo y hay posiciones divididas sobre los ternados Cecilia Pérez y Emiliano Rolón.

Existe un intenso operativo y cruce de llamadas desde Palacio de Gobierno con los legisladores para lograr el consenso.

El presidente de la República quiere lograr legitimidad (con 30 votos) para culminar el proceso de designación del futuro fiscal general del Estado que reemplazará a la cuestionada Sandra Quiñónez, cuya mandato culmina en marzo del próximo año.

De acuerdo con las últimas tratativas, en el oficialismo las aguas están divididas entre los que están con la ex ministra de Justicia y Asuntos de Seguridad Cecilia Pérez. Esta tiene el respaldo de algunos legisladores, como Lilian Samaniego.

En contrapartida, el camarista Emiliano Rolón también está en la pulseada y tiene el respaldo de otro sector del oficialismo, entre ellos Juan Afara, Óscar Salomón, el Frente Guasu y el propio vicepresidente Hugo Velázquez.

En un tercer puesto sigue esperando posibilidades de cerrar el apoyo político el juez Gustavo Santander.

FACTOR INTERNAS. Desde ayer, en el Senado están aguardando que el presidente de la República remita el nombre de la persona elegida para el Ministerio Público.

La intención de la mayoría en la Cámara Alta es tratar mañana y cerrar el acuerdo antes de las internas simultáneas del domingo.

El presidente de la República se tomó su tiempo para medir la temperatura política tras la conformación de la terna por parte del Consejo de la Magistratura (CM).

El lunes convocó a los ternados en reuniones separadas para escuchar nuevamente sus propuestas y tomar una decisión. Cada uno expuso sus planes, percepción sobre la realidad del Ministerio Público y las acciones que encararán principalmente en el combate contra el crimen organizado, corrupción pública y lavado de dinero.

El lunes, en horas de la tarde, ya trascendía que tomó la decisión, pero luego el rumor se fue desinflando en medio de las intensas negociaciones que hubo en el Senado con el tratamiento del Presupuesto 2023 y luego el polémico proyecto de derogación de la donación de la Unión Europea.

PULSEADA CARTISTA. El Ministerio Público se convirtió en un bastión de guerra entre el presidente de la República con el sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes que blindó protección política a Sandra Quiñónez. Esta fue sometida a varios intentos de juicio político en la Cámara de Diputados.

El principal cuestionamiento por parte del Ejecutivo apuntó directamente a la falta de investigación por parte de la Fiscalía a Cartes acusado de tejer una red de tráfico y lavado de dinero. La acusación provino directamente del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Las documentaciones fueron canalizadas en la Comisión Bicameral del Congreso, donde se reveló que la empresa de Cartes (Tabesa), entre 2013 y 2018, obtuvo por venta local USD 1,1 billones. Mientras que, por exportación, USD 43 millones, mucho menor a lo que se comercializa en el país.

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