Para dejar sin herramientas a defensores chicaneros, se pretende que las recusaciones a jueces corten los tiempos judiciales. La propuesta busca evitar que por esta vía se logre la prescripción.
La Corte Suprema de Justicia remitió a la Cámara de Senadores las modificaciones del proyecto conocido como ley antichicanas que fue presentado en el 2019 y tratado por la Comisión Legislativa del Senado en julio del 2022. En el último abordaje se solicitó a la Corte que envíe una nueva versión por encontrarse falencias.
Siete meses después del pedido del Senado a la Corte, el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón remitió la nota en la que solicitan que las recusaciones a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados Judiciales interrumpan los plazos de las causas penales; es decir que este recurso de la defensa en suma no sirva para llegar hasta la prescripción de las causas.
En la nota con fecha del 25 de enero de 2023, la Corte recuerda que en ejercicio de la iniciativa legislativa había remitido una propuesta de unificación del régimen de recusaciones bajo la denominación “proyecto de ley que establece nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados judiciales en distintos fueros de la Justicia ordinaria”. Con relación a puntos señalados por la Comisión Legislativa, solicita reemplazar el texto inicialmente presentado y dejarlo como sigue.
“El planteo de recusaciones deducido dentro de un proceso penal contra cualquier ministro de la Corte Suprema de Justicia o contra cualquier magistrado judicial, de cualquier instancia, así como la inhibición de los mismos, tendrá el efecto de suspender el cómputo del plazo de prescripción del hecho punible y en la duración máxima del proceso penal hasta tanto la resolución que resuelva la recusación o la inhibición quede firme”, se lee en la propuesta.
INCONSTITUCIONALIDAD. En tanto también se expiden sobre el tratamiento de otro recurso utilizado excesivamente por las defensas: la presentación de inconstitucionalidades. Práctica que en casos como la de Enzo Cardozo y Rody Godoy por los G. 3.700 millones supuestamente desviados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, permitieron que el expediente permanezca fuera del juzgado de garantías por dos años. El caso finalmente prescribió.
Sobre ese punto, la Corte propone como artículo: “El planteo de excepciones de inconstitucionalidad y de acciones de inconstitucionalidad dentro de un proceso penal, tendrá el efecto de suspender el cómputo del plazo de prescripción del hecho punible y el de la duración máxima del proceso penal hasta tanto la resolución que resuelva la excepción o la acción mencionadas quede firme”.
MISMA PROPUESTA. El abogado Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, presentó en setiembre del 2022 una propuesta alternativa a la ley antichicanas que planteó la Corte Suprema de Justicia. En esta propuso que se introduzca al Código Procesal Penal (CPP) que las recusaciones suspendan el plazo de la prescripción, propuesta que hoy abraza la Corte. Según señaló Kronawetter a ÚH, el párrafo que se integraría al artículo 346 del Código Procesal Penal, que dice: “Excepto el caso del artículo 365 de este Código, la promoción de una recusación suspenderá el cómputo del plazo del procedimiento y de la prescripción, el que correrá nuevamente una vez que la resolución que resuelva sobre la misma haya quedado firme y continúe efectivamente el procedimiento en la etapa que se encuentre”. El abogado sostuvo que plazos fijos “denotan una ausencia esencial de la naturaleza del proceso penal”, porque recién en la etapa intermedia y en la etapa del juicio vienen las chicanas de los acusados, para evitar que continúe la causa.
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