El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su sesión semanal de ayer, confirmó a varios jueces de la Sexta Circunscripción Judicial. Resalta sobremanera el caso de la juez penal de garantías Cinthia María Garcete Urunaga, conocida por su implicancia en casos relevantes para dejar impunes a políticos denunciados por graves hechos de corrupción pública y alevosas resoluciones en crímenes.

Durante la sesión de ayer 2 de noviembre, la Corte trató las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura con relación a cargos con fenecimiento de mandatos en la Sexta Circunscripción. El primero de los jueces confirmados fue Carlos Vera Ruiz como titular del juzgado penal de garantías nº 3 de Ciudad del Este, seguido por la juez penal itinerante de CDE, Cinthia Garcete, como titular del juzgado penal de garantías nº 5. Mientras tanto, Nimia Ávalos fue confirmada como juez de garantías del distrito de San Alberto, al norte del departamento.

Asimismo, el juez penal de sentencias Milciades Ovelar fue confirmado, al igual que Aldo Moreira, en el juzgado penal de ejecución. Las decisiones generaron opiniones dispares, principalmente en el ámbito de los leguleyos “pasilleros” como se denominan. La más cuestionada fue el caso de garantías 5, a cargo de Cinthia Garcete.

NEFASTOS PRECEDENTES

Si bien los nombramientos empiezan su vigencia en el Consejo de la Magistratura, ya que ese órgano extrapoder es el que califica a los integrantes de las ternas que eleva a la Corte, también es allí donde se somete a todo tipo de soportes para direccionar un posible nombramiento o confirmación en determinado cargo. La juez Cinthia Garcete intentó llegar a la sala penal de la Cámara de Apelaciones, pese a resoluciones arbitrarias en favor de procesados por crímenes que resultaron favorecidos para no guardar prisión preventiva. El último de sus casos socializados fue el de un feminicida beneficiado con arresto domicilio.

La confirmada juez llegó a la zona siendo humilde defensora pública en la ciudad de Coronel Oviedo y al poco tiempo, mediante sus tentáculos políticos, alcanzó la silla de juez itinerante y la sentaron en el juzgado de garantías 5 de Ciudad del Este. Ingresó con deudas, ya que su ingreso fue irremediablemente con padrinazgos políticos, a quienes rápidamente empezó a devolver sus favores dictando cuestionadas resoluciones. Ciudad del Este no olvida los procesos contra los vaciadores de sus arcas municipales, “blanqueados” por el mejor saber y entender de esa “señoría”.

RECLAMOS SILENCIOSOS

Apenas conocida su confirmación ayer por el pleno de la máxima instancia judicial, hubo explosión de comentarios en las redes sociales, unos apoyando la decisión, pero, en mayoría, expresaron sus voces de protesta ante los aberrantes fallos de la jueza de garantías. Con esto, la justicia se embarra cada vez más en cuanto a la credibilidad de sus administradores, manejados con criterios absolutamente políticos.

Otros de los cuestionados fueron la juez de garantías de San Alberto Nimia Ávalos, públicamente manejada por políticos de turno de ese distrito. La Corte no hizo cuentas de publicaciones en redes sociales y por medios de comunicación de tirada nacional para resolver su continuidad en el cargo. Asimismo, las voces de protesta tiraron a la persona del juez penal de ejecución Aldo Moreira, de quien señalan, rifa sus resoluciones al mejor postor sin importar los crímenes de los condenados a su cargo. Con estos decisorios, la misma Corte Suprema compromete la idoneidad como razón fundamental para elegir magistrados.

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