TESTIMONIO. Protagonistas rememoran el hallazgo que las autoridades querían evitar. PRUEBA. Los papeles ahí guardados evidencian la crueldad de la dictadura de Stroessner.
El 22 de diciembre fue declarado como el Día de la Dignidad Nacional para recordar el hallazgo del Archivo del Terror, una montaña de documentos que prueban las atrocidades cometidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner que afectó al país tres décadas y media (desde 1954 a 1989).
Pero este descubrimiento tuvo su fase previa y de ella fueron protagonistas comunicadores de varios medios de prensa.
Cristian Torres, periodista y entonces director del Diario Noticias, fue uno de los que tuvo la primicia de la existencia de una montaña de papeles que estaban escondidos en lo que era el Departamento de “Producciones” de la Policía, en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Lambaré.
Torres tenía la primicia y su fuente era el mismísimo Martín Almada, el que descubrió la existencia de esos documentos, que acudió a los medios de prensa para resguardarlos y evitar que se destruyan. “Me dieron todos los datos y ahí se formó el operativo para vigilar ese lugar. Decidimos poner un móvil de cada medio en las cuatro esquinas: dos móviles de Noticias y dos de Canal 13, con un periodista y un camarógrafo respectivamente. Amanecieron ahí. Llegaron varios autos que querían sacar las cosas, vieron a los periodistas y se volvieron a ir”, recordó.
Al día siguiente, el 22 de diciembre de 1992, llegó la comitiva encabezada por el juez José Agustín Fernández solicitando acceder a los documentos ahí guardados.
SIETE MESES ATRÁS
Para entender cómo se produjo el hallazgo de lo que hoy conocemos como el Archivo del Terror tenemos que remontarnos al 20 de junio de 1992 cuando se promulgó la nueva Constitución Nacional, que continúa vigente.
La Carta Magna traía novedades jurídicas, entre ellas la garantía constitucional del hábeas data, que otorgaba a cualquier ciudadano la posibilidad de acceder y controlar la información personal registrada en bancos de datos públicos o privados. Allí surge la figura de Martín Almada, que el 11 setiembre de 1992, con las firmas de los abogados Rodolfo Aseretto y Pedro Darío Portillo, del Comité de Iglesias, solicitó acceder a los documentos que había sobre él.
El recurso formaba parte de la batalla judicial iniciada el 25 de mayo de 1989, denunciando haber sido secuestrado en el año 1974 junto a su sobrino Lorenzo Jara, en la ciudad de San Lorenzo. Afirma que lo metieron preso, torturaron y ejercieron tortura psicológica sobre su familia. A consecuencia de eso murió su esposa Celestina Pérez de Almada.
En medio de esa batalla judicial había recibido la información de la existencia de un archivo judicial donde habían datos de su caso y el de muchos otros paraguayos.
Para dar cumplimiento al recurso de hábeas data interpuesto por Almada, el juez José Agustín Fernández encabezó un allanamiento en el local policial de Lambaré.
La comitiva, luego de la negativa de los policías que custodiaban el sitio, finalmente pudo ingresar y así se produjo el hallazgo de lo que hoy conocemos como el Archivo del Terror, un logro para la ciudadanía.
“Hoy, a tres décadas de aquellos hechos, agradezco a todas las personas que de una u otra forma colaboraron para que ese acervo documental sirva a la Justicia universal y sea declarado ‘Memoria del Mundo’ en 2009 por la Unesco”, dijo Almada, considerado el artífice del descubrimiento del Archivo.
Para el periodista Cristian Torres, el papel de Almada fue fundamental para este descubrimiento. “Esto se dio por la combinación de factores que no se dan todos los días. Primero, la tenacidad de Martín Almada; era un investigador de derechos humanos que estaba día y noche con el tema. Segundo, el operativo fue salvado por los movimientos de prensa. Gracias a la prensa se salvó ese Archivo del Terror, porque esa noche iban a sacar todos los documentos”, agregó.
En ese instante se tomó la foto principal de esta crónica, el momento en que varios de los comunicadores, en fila, se pasan los documentos para alzarlos en los móviles de Canal 13 y el Diario Noticias (desaparecido) para llevarlos al Poder Judicial, donde permanecen hasta hoy.
Por el Diario Última Hora fueron enviados como cronista Miguel H. López, junto al reportero gráfico Gracianiano Fotosky Irala, que se encargó de inmortalizar ese momento a través de su cámara.
Al día siguiente, el diario trajo el tema en la portada como una de las noticias principales, con un gran destaque, con la frase “Más pruebas de una tenebrosa dictadura”.
LA VERSIÓN DEL JUEZ
“Ni yo supe a dónde me iba ese día”, recordó el juez José Agustín Fernández, cuando su mente lo llevó a esa mañana del 22 de diciembre al local de la Policía, sin saber que el destino lo estaba poniendo como protagonista de un hecho histórico.
“El Paraguay fue condenado por el caso de los hermanos Ramírez Villalba, de Agustín Goiburú y de tantos otros. Fueron los primeros documentos que yo alcé cuando ese día descubrimos el Archivo. Ahí me di cuenta de la importancia, la trascendencia que eso tenía”, admitió.
Para el magistrado, este hecho cambió la significación de los derechos humanos en el país. “30 años después podemos decir con absoluta precisión que si el Poder Judicial no intervenía, si no se planteaba la acción de hábeas data, tal vez esos documentos hubiesen tenido otro destino. Aquí era lo que decían los torturadores contra lo que decían los torturados. No había un elemento, ni un testimonio, ni una prueba. De esto pasamos del rumor siniestro a la verdad probada”, sentenció.
Fernández es el director de lo que hoy es conocido como el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, establecido en el primer piso del edificio del Poder Judicial.
El sitio cuenta con la coordinación de Rosa Palau, que se encarga de recibir a los visiitantes, en su mayoría estudiantes e investigadores del país y extranjeros, que están interesados en consultar los documentos ahí guardados y armar el rompecabezas de esta siniestra historia reciente.
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