El proyecto de ley que crea el nuevo régimen de turismo comercial para las ciudades de frontera sigue sin definirse en la Cámara de Senadores. En marzo último se decidió postergar su tratamiento sin establecer una fecha. Se trata de una herramienta que busca generar mejores condiciones tributarias para competir con las tiendas francas en pleno desarrollo en municipios brasileños que tienen frontera con Paraguay.

La propuesta es impulsada por los diferentes gremios comerciales que viven del turismo de compras en las ciudades de frontera. En la Cámara de Senadores el proyecto fue presentado por los senadores Georgia “Nani” Arrua, Juan Afara, Enrique Salyn Buzarquis, Patrick Kemper y el entonces legislador Juan Bartolomé Ramírez. En Ciudad del Este es impulsado por la Cámara de Comercio y Servicios, donde se destaca el trabajo técnico del doctor Oscar Manuel Airaldi.

Después de mucha presión de gremios de la capital, en marzo de este año el Senado resolvió postergar “sine die” el dictamen para seguir deliberando y recibir informes de los sectores afectados. Hay que recordar que el tratamiento de la propuesta tributaria para el comercio de frontera se venía aplazando desde diciembre del año pasado.

El proyecto apunta a mejorar las condiciones de competitividad del comercio de frontera, pero desde un comienzo fue cuestionada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Supermercados de Paraguay (Capasu), lo que llevó a introducir una serie de modificaciones al proyecto original, pero aun así no hubo acuerdo con los gremios comerciales de frontera y el Senado decidió literalmente congelar el proyecto.

ARANCELES

El régimen propuesto está destinado exclusivamente al comercio de reexportación. Exonera aranceles aduaneros, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo un impuesto único del 4,5 % correspondiente al Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Este es el principal cuestionamiento de los empresarios que se dedican al mercado interno, señalando que ellos podrían verse afectados por el contrabando, descalificando los mecanismos de control que propone el proyecto.

Los defensores del proyecto, como la senadora Nani Arrúa, en más de una oportunidad refirió que el nuevo régimen apunta a la formalidad y sanciona el contrabando. El actual régimen de turismo se encuentra regulado por un decreto presidencial y no por ley. Es decir que la lista de los productos que entran bajo esta liquidación se presta a manipulaciones aduaneras, por lo que no hay previsibilidad en el tiempo y perjudica a emprendedores, sostiene la legisladora.

También menciona que la lista de los productos puede cambiar cada tanto y los comerciantes que trabajan con otros productos quedan excluidos de esta ventaja. Para la senadora Arrúa eso es desigualdad. “Un día podes comprar un pendrive pagando 1 % de impuestos y al día siguiente lo pueden sacar de la lista, se le aplica el 10% y eso te obliga de un día para el otro a vender ese pendrive en un precio final mayor dentro de un marco inestable”.

A TURISTAS

Alega que actualmente muchas empresas utilizan este régimen en todo el país para importar productos con impuestos más bajos y sin ningún control, vendiendo en realidad al mercado interno y no a turistas. Esto último termina generando más ganancias para las empresas y evasiones en la contribución que les corresponde realmente.

El proyecto incluye la implementación de la factura electrónica como requisito fundamental para acceder a este beneficio. Actualmente se factura manual. Al estar claramente reglamentado, este proyecto busca penalizar todo intento de contrabando.

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